El Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal pretende entregarlos en adopción para así evitar que sean sacrificados.
El Colectivo Andaluz contra el Maltrato Animal (Cacma) se ha hecho cargo de los 70 perros que la semana pasada fueron trasladados a una residencia canina de Alhaurín de la Torre procedentes del albergue de la asociación Parque Animal de Torremolinos, clausurado por el Ayuntamiento a raíz del expediente abierto contra esta agrupación por la imputación de sus dos máximos responsables y dos veterinarios por el supuesto sacrificio irregular de 2.230 perros y gatos con bajas dosis del medicamento letal para ahorrar costes, entre otros delitos.
Los animales han sido llevados de forma temporal a un centro alquilado por Cacma donde están siendo atendidos hasta que sean entregados en adopción.
Aunque el Consistorio de Torremolinos se está haciendo cargo de los gastos del chip, vacunación y pasaporte, el cuidado y manutención corre por cuenta de esta fundación dedicada a la defensa de los animales, por lo que su presidente, Antonio Moreno, ha hecho un llamamiento a toda persona que quiera colaborar, poniéndose en contacto a través de la web 'cacma.org'.
Paralelamente, numerosas personas han adoptado a título individual mascotas procedentes de Parque Animal desde que en noviembre intervino la Guardia Civil.
Cierre cautelar
La orden de cierre durante seis meses del albergue de Parque Animal se hizo efectiva el pasado día 17. Esa mañana, técnicos de la Delegación Municipal de Medio Ambiente se personaron en las instalaciones para recoger los últimos canes que quedaban y trasladarlos a la residencia El Paraíso.
Aunque la Ley de Protección Animal establece una permanencia máxima de diez días, bajo petición expresa del propio Ayuntamiento ante el interés de varios colectivos por hacerse cargo, los animales tenían garantizada su presencia durante un mes.
En cuanto al futuro del albergue, levantado sobre suelo municipal mediante un contrato de concesión, la intención del Consistorio es reabrirlo en cuanto se subsanen las anomalías denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, dado que estas instalaciones son las utilizadas para la guarda y custodia de los animales abandonados en la vía pública.
Por su parte, desde la asociación investigada mantienen su inocencia, rechazando las acusaciones y lamentando la decisión del Consistorio. Por ello, tienen intención de acudir a la Justicia para recurrir la orden de cierre, así como la multa de 15.000 euros.
Fuente: sur.es
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