Igualdad y la FEMP acordaron limitar el acceso automático a teleasistencia para maltratadas.

• "Para garantizar una atención de calidad con los recursos de que disponemos, no es posible incrementar el número de usuarios", según una circular.
• La directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga ha entregado a los medios la nota en la que se anunciaban los cambios.
• El delegado del Gobierno para la Violencia de Género afirma que la teleasistencia no es una medida de protección. 

El antiguo Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordaron en junio del año pasado limitar el acceso automático al servicio de teleasistencia para las mujeres víctimas de violencia machista, informó este miércoles la directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga,  Gemma del Corral, que facilitó a los medios una circular en la que se anunciaba la medida.  

 

La mujer que falleció este martes en Málaga tras ser agredida presuntamente por su expareja había solicitado el servicio de teleasistencia móvil, pero le había sido denegado por considerar que el nivel de riesgo era bajo.

La circular de la FEMP y el antiguo Ministerio de Igualdad, que integran la comisión de seguimiento del servicio de teleasistencia, señala que "en estos momentos, para garantizar una atención de calidad con los recursos de que disponemos, no es posible incrementar el número de usuarios, por lo que las altas no serán efectivas automáticamente. Tampoco se efectuarán altas excepcionales".

La responsable de Igualdad del Consistorio malagueño subrayó que hasta junio de 2010 si las mujeres víctimas de violencia de género cumplían los requisitos exigidos para beneficiarse de este servicio -existir una orden judicial de alejamiento y no convivir con la persona que las ha sometido a maltrato-, "se les daba de alta automáticamente" en él, un aspecto que, sin embargo, cambia a partir de esta fecha.

En la circular también se informaba de varias modificaciones en el servicio, como la incorporación de un informe de la Policía Nacional para valorar el nivel de riesgo existente. En el caso de Susana G. A., la valoración de riesgo fue 'bajo' (existen cinco niveles: no apreciable, bajo, medio, alto y extremo), aunque Del Corral apuntó que "hay casos con riesgo no apreciable en los que se ha concedido la teleasistencia móvil".

"Faltaba información"

 

Este miércoles, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, declaró que la comisión encargada de valorar la necesidad de teleasistencia decidió no tramitar la solicitud de la mujer malagueña, "en ningún caso se denegó", porque no se ajustaba "al formato necesario para poder tomar una decisión, faltaba información". 

Sin embargo, Gemma del Corral aseguró que la solicitud de la víctima tenía toda la documentación requerida, por lo que se tramitó, siendo "denegada" por la comisión. Del Corral mostró a la prensa la comunicación de la empresa encargada de prestar la teleasistencia móvil, Eulen, en la que no se le concede este recurso a Susana G.A. y en la que se señala que "a pesar de cumplir con los requisitos de acceso al programa, la solicitud ha sido denegada". Además, quiso dejar claro que "el Ayuntamiento no es quien valora la idoneidad del recurso, sino que se limita a tramitar la solicitud".

Indicó que los técnicos municipales consideraron que el caso de Susana tenía que tramitarse de forma "urgente", por lo que, tras cursar la solicitud el 21 de julio, el Ayuntamiento la envío el 22, adjuntando toda la documentación requerida el 23. La respuesta denegando el servicio llegó el 4 de agosto.

Medida de protección

 

La teleasistencia no es una medida de protección para las víctimas, según Miguel Lorente, que opinó que ante situaciones de riesgo debería plantearse el uso de las pulseras que permiten la localización del agresor. "La pulsera va destinada a la protección de las mujeres, mientras que la teleasistencia va dirigida a asistir el proceso de recuperación y de tratamiento psicológico y social que reciben las mujeres tras la denuncia", explicó.

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, es de la misma opinión que Lorente y afirma que "la teleasistencia no es una medida de protección. La medida de protección es el brazalete, porque lo lleva puesto el agresor". Ante el caso de Málaga, Pérez del Campo considera que, "de ser cierto que un policía consideró que había riesgo leve, habría que abrir un expediente" para investigar esta evaluación.

Fuente: 20minutos.es